El objetivo del sistema de justicia de un Estado es garantizar que todos y todas podamos acceder a la misma sin restricciones. Sin embargo la historia nos demuestra que la justicia en Guatemala solo responde a ciertos intereses, principalmente de tipo económico. En la actualidad estamos viviendo un deterioro de las instituciones que integran el sistema de justicia, desde quien tiene labor de investigar hasta quienes deben juzgar y dictar resoluciones que impactan no solo a quienes están en un litigio buscando que sus derechos sean reconocidos sino a toda la sociedad, y que profundiza las desigualdades existentes en la vida de la mayoría de la población, principalmente la de los pueblos indígenas.
Esta situación encuentra sus antecedentes desde la constitución de Guatemala como un Estado Nación, porque éste se concibió desde una visión monocultural en donde se reconoce solo un sistema jurídico, un solo modelo político, solo unas autoridades facultadas para impartir justicia, un solo idioma, entre otros aspectos que buscan mantener el poder y el privilegio para ciertos sectores y que invisibilizan la existencia de diferentes pueblos que viven en este país.
Acudir al sistema de justicia estatal ha estado lleno de obstáculos, discriminación y racismo para los pueblos indígenas. Aunque constitucionalmente se ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, su aplicación se ha logrado únicamente a través de resoluciones judiciales de jueces y juezas que han aplicado no solo la normativa nacional sino la internacional que el Estado ha ratificado. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo discrecional, no todos los jueces y juezas reconocen los derechos individuales y colectivos, principalmente cuando se trata de impartir justicia y de defender su tierra y territorio.
Por eso para lograr cambios estructurales es necesario también pensar en un nuevo modelo político, que refleje la composición de este país. Hacer cambios superficiales o sectorizados no logrará mejorar la situación en la que vivimos actualmente, porque con cada reforma, quienes tiene poder económico y político han logrado adaptarse e incluso utilizar esos cambios a su favor. Eso se puede evidenciar con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la Ley de Comisiones de Postulación, entre otras.
Es necesario ver y reconocer otros conocimientos, pensamientos, formas de organización y de impartir justicia que ya se vienen implementando y que han logrado mantener la vida comunitaria en ausencia del Estado y sus instituciones.
