Como lo referí en la columna anterior, en la coyuntura actual, se está utilizando el sistema judicial en contra de defensores de derechos humanos, y se está aprovechando el mismo para proteger a los actores que replican el sostenimiento del “statu quo”.
Las investigaciones que desarrolló la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad, relacionadas con las “comisiones paralelas” de los procesos de selección de magistrados de altas cortes en 2014 y 2020 –la primera con acompañamiento de la CICIG, la segunda en la era post CICIG-, pusieron de manifiesto el manejo del diseño constitucional, para la protección de actores corruptos, por vía de la instancia judicial.
Vimos como desde finales de 2016, la oligarquía guatemalteca impulsó el repliegue de la lucha contra la corrupción, que avanzó en forma paulatina: 1) Los ataques a la CICIG y la aceleración de su salida; 2) La alianza con el gobierno anterior y actual, para atacar cualquier avance en el sector justicia; 3) El apoyo inequívoco a la desastrosa gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público; 4) El respaldo a las acciones gubernamentales que impulsaron la conformación de la Corte de Constitucionalidad; 5) El silencio ante los abusos del sistema judicial contra los operadores de justicia ilegítimamente perseguidos por la Fiscal General.
¿Por qué es tan importante tener el control del poder judicial? La respuesta es que el sometimiento del Ministerio Público, del Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, permitirá mantener en impunidad cualquier acto ilegal. Inclusive la instancia judicial, sería la vía en la que culminaría cualquier reclamo contra la élite en materias administrativa, tributaria, laboral, civil y por supuesto desde la perspectiva penal.
Como recordamos el trabajo desarrollado por la CICIG, permitió descubrir la manera en que se transgrede la democracia, con el financiamiento ilícito de las campañas políticas, y que gracias a la connivencia de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, con los empresarios señalados, quedarán impunes y más aún que no se investigó la manera en que se movilizaron flujos de recursos en el extranjero para evadir al fisco, ni la posterior operación de ocultamiento de los flujos de dinero, mediante la creación de documentos falsos.
Esto nos da la idea, de que para la oligarquía no es conveniente perder el control del poder judicial, porque así podrán continuar delinquiendo en forma impune, e instrumentalizando el poder judicial en su favor.
De la misma manera, hemos visto como las instituciones del sistema judicial se han convertido en la herramienta idónea, utilizada por los actores cercanos a esa oligarquía, para perseguir voces disidentes, periodistas, operadores de justicia, activistas de derechos humanos, miembros de la sociedad civil organizada.
Si algo no se permitirá la oligarquía, es la pérdida del manejo del sistema judicial.
