Dentro de un año, tal como se ha programado, el 25 de junio, se realizará la primera vuelta de las elecciones generales y eso significa una serie de problemas serios para las expresiones democráticas y de pueblos que se pretende participen en dicho proceso con el objetivo de refundar el Estado.
Son varios aspectos los que hay que señalar, no todos, pero si los más importantes.
Para impulsar un proceso político de cambios profundos, que implique la participación de grandes sectores poblacionales y de organizaciones políticas se requiere de un tiempo largo para poner en sintonía contenidos de agenda, articulaciones, legalidad (el proceso electoral es legalista) y pasos para lograr la construcción de otro Estado. Es decir, evitar la dispersión de los partidos políticos, por ejemplo, URNG, MLP, WINAQ y eventualmente Semilla. Cada quien avanza en sus propias agendas, en solitario, y los esfuerzos de articulación, por el momento, no son visibles y el año que queda para las elecciones no será suficiente para hacer alianzas o fusiones. El problema son las dirigencias políticas, donde se juegan muchos intereses personales: los altos dirigentes querrán figurar en primeras casillas, imponer su binomio presidencial, definir la agenda política para el cambio y controlar la estrategia de campaña que pueda convencer al grueso de la población.
Antes de las elecciones del 2019, se propuso una ayuda profesional, estratégica, jurídica y programática a los tres primeros partidos mencionados y no se logró articularlos ya que pesó más el protagonismo personal e institucional de cada uno y la desconfianza o diferencias abismales entre dirigencias. ¿Será diferente ahora? Es poco probable.
Otro aspecto relacionado y que pesa, es el hecho de la pérdida de ciudadanía que posterior al conflicto armado se ha venido alimentando por parte de los gobiernos conservadores. La criminalización, la cooptación, la mala imagen de la política, la falta de apertura de los partidos y los financiamientos corporativos ha hecho mella en la conciencia ciudadana, desencantándola y alejándola de la toma de decisión y posiciones democráticas. La violencia de Estado y del crimen organizado ha sembrado el miedo en la población que prefiere sacrificar la democracia por la seguridad militar o policíaca.
Por aparte, la sociedad civil se ha convertido en un cascaron sin contenido, salvo algunos pocos sectores o líderes legítimos que navegan entre intereses por financiamientos, protagonismos y narcisismo político que alimenta el ego de muchos actores que, a lo sumo, expresan cualquier idea o comentario en las redes sociales. Estamos invadidos por académicos, activistas y defensores de derechos humanos virtuales que solo hacen manifiestos y echan hurras a los que en las calles y las comunidades exponen sus vidas ante la represión del Estado, defendiendo derechos colectivos e individuales.
Para ponerle la tapa al pomo, el control que ejerce el pacto de corruptos sobre casi todas las instancias del Estado, fortalece su iniciativa política para el continuismo. Hoy están más fuertes que nunca. Echaron por la borda el cumplimiento de los acuerdos de paz, hicieron fracasar la consulta popular de 1999, hicieron retornar a los militares el juego de poder, anularon a la CICIG, hicieron de la ley su campo de defensa y controlan el financiamiento de la oligarquía para la acción política.
Es decir, que más que plantear discursivamente la construcción de un nuevo Estado, debemos preocuparnos y accionar para superar los grandes obstáculos que existen a este proyecto que beneficiaría al pueblo en general y a los pueblos en particular. O sea, no basta con proponer. Hay que actuar y saber anular e inmovilizar a las fuerzas conservadores que en esta era llamada “democrática”, están más visibles, mas descarados y más efectivos que hace unas décadas.
Se trata de una tarea que implica responsabilidad de partidos, fuerzas sociales, pueblos e individuos y que tenga suficiente peso político para lograr el éxito que todos esperamos, pero no solo para ganar una elección sino para mantenerla en permanencia y posibilitar cambios tan profundos y estructurales como un nuevo Estado para la pluralidad.
Por último, no es responsabilidad solo de pueblos indígenas la refundación del Estado, también el pueblo ladino debe alinearse al cambio democrático.
