Durante las últimas semanas hemos sido testigos de la instrumentalización del sistema de justicia, en contra de operadores de justicia quienes defendieron los derechos de los guatemaltecos.
El impactante trabajo que en su momento desarrollaron los operadores de justicia perseguidos, combinado con una desenfrenada sed de venganza y la decidida intención de poner las instituciones del sistema de justicia, al servicio de quienes detentan el poder, constituyen la amalgama perfecta que explica la serie de decisiones arbitrarias en el patrón de actuación para deslegitimar a valiosos profesionales, cuyo pecado fue prestar sus servicios para que la justicia llegara a todos.
Los operadores de justicia hoy perseguidos, estigmatizados y criminalizados, de quienes la coyuntura retrospectiva que vive en el país, cualquier intento por proteger y defender derechos, se obstaculiza, como lo atestiguan los recientes eventos, en los que: 1) Se desmanteló la FECI; 2) Se presiona a testigos y fiscales para justificar la criminalización; 3) Se implanta prueba para la creación de casos contra los operadores de justicia criminalizados; 4) Al estar operados los casos con los que se neutraliza a los operadores de justicia, se impide el acceso al expediente para evitar que ejerzan su derecho de defensa; 5) Se persigue a los abogados defensores, quienes generalmente trabajaron en la lucha contra la impunidad. Con esto se tiene un doble efecto, se potencializa la indefensión, y se ejemplifica para que ningún abogado pretenda ejercer la defensa de los encartados.
La radicalización de las acciones que ha emprendido el Ministerio Público en estos tiempos recios, no corresponde a una acción aislada, constituye la respuesta de los poderosos para atacar todas aquellas acciones que permitieron a la población, ver como se puso el Estado al servicio de algunos guatemaltecos, quienes, sin ser mayoría han hecho de Guatemala por siglos, su finca.
Existe coincidencia entre los sectores que, en los decenios de la guerra, acallaron voces de ilustres guatemaltecos que luchaban por dar a conocer las violaciones de derechos humanos cometidos contra los pueblos, y los sectores que hoy dirigen la agenda del Ministerio Público, contra operadores de justicia entre ellos, defensores de derechos humanos.
Esa afirmación, además de no ser casualidad, permite explicar que la utilización del sistema judicial en contra de defensores de derechos humanos ha sido constante durante la historia reciente del país, como lo atestiguan los recientes acontecimientos referidos, sino la larga lista de casos concretos que documentan ese extremo.
Distinto resulta, en todos aquellos casos en que los delincuentes de cuello blanco, quienes han saqueado no solo las arcas del Estado, sino han vaciado la esperanza del ciudadano común y corriente, para quienes la justicia en algún momento actuó tímidamente, y para quienes hoy está totalmente asegurada la impunidad.
Lic. Juan Francisco Sandoval
